3 de cada 4 mujeres y/o personas gestantes tienen que salir fuera de su provincia para abortar. Esto significa que en Castilla y León la inmensa mayoría de personas que se someten a una interrupción del embarazo tienen que desplazarse a otras provincias porque su hospital público de referencia no practica abortos.
Esto genera a las pacientes un sobrecoste al tener que pagar ellas mismas los viajes para desplazarse a las clínicas abortivas. Una realidad que afecta aún más a aquellas que pertenecen a la clase trabajadora y son más precarias, ya que se encuentran con más dificultades a la hora de acceder a este derecho.
Si deslizas la imagen, puedes ver la distancia y los centros de referencia a los que tienen que acudir las mujeres.
Es vergonzoso que se nos siga obligando a viajar fuera para hacer una intervención que podría hacerse en nuestro hospital de referencia.
Por eso queremos denunciar con esta campaña que el derecho al aborto en la sanidad pública de Castilla y León no está garantizado y seguiremos luchando porque así sea.
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Fuente: Abel Renuncio
Bloque Crítico Feminista